El trilerismo de la externalización de los servicios públicos a empresas privadas

El propósito de esta entrada es aclarar los métodos utilizados por las Administraciones Públicas para privatizar, y los métodos que utilizan las empresas para prestar los servicios públicos privatizados (ellos lo llaman externalizados) por los ayuntamientos, comunidades autónomas y el estado español.

Durante la burbuja inmobiliaria, determinadas empresas de construcción, se forraron construyendo pisos, chalets, urbanizaciones y obra pública. Cuando estalló, se dedicaron a la burbuja que les quedaba, la de obra pública. Pero al agravarse la crisis se les acabó esa salida.

Las empresas más fuertes, previendo el problema, durante los años anteriores se habían dedicado a abrirse al exterior. Así lo han hecho Sacyr, ACS, Ferrovial, FCC y otras.

Pero estas últimas empresas y otras más pequeñas han descubierto una mina en la privatización de los servicios públicos. Para ello se han puesto de acuerdo, sottovoce, con casi todos los partidos políticos del país, tanto los de implantación estatal como autonómica: PP, CiU, PSOE, CC, PNV, UPN y alguno más.

También, en el plano específico de la sanidad ha habido empresas que se dedicaban al Seguro de Salud. Ahora hay algunas con bastante fuerza: Sanitas, ASISA, ADESLAS, etc. Han estado prestando atención médica privada a sus afiliados, muchos o pocos, dependiendo de su fuerza y de la propaganda que hacían. Pero han visto que todos sus afiliados eran sólo un pequeño porcentaje de la población que tenía Sanidad Pública. Por ello buscaron la manera de entrar en la colaboración con los Servicios Públicos de Sanidad.

Fases para establecer el sistema privado

El truco era establecerlo por fases.

1. Primero, había que repetir machaconamente que un servicio público era mucho más eficaz y económico si se prestaba por una empresa privada que si lo hacía una empresa pública, naturalmente sin demostrarlo. En eso la lideresa fue Esperanza Aguirre, que lleva diciéndolo durante lustros. Después se han agarrado a este argumento muchos políticos de los partidos mencionados. Se ha repetido miles de veces, supongo que agarrándose al dicho atribuido a J. Goebbels: “Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”.  Y así se ha incorporado al subconsciente de la gente.
2. Segundo, a continuación se empezaron a privatizar servicios públicos, pero no se llamaba así la operación, se disfrazó con una nueva palabra del diccionario de neologismos que se está instalando en nuestro sistema político: “externalizar”.

Se empezó por los ayuntamientos y poco a poco fue teniendo éxito su expansión. A continuación empezó a extenderse en las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y en la administración central.

Así se han privatizado, en primer lugar, muchos de los servicios que prestan las entidades locales: distribución del agua, limpieza de las calles, recogida de las basuras, transporte escolar y muchos más.

En las comunidades autónomas se está intentando privatizar la sanidad, la enseñanza y los servicios de atención a la dependencia.

Y en el estado central, parece que se intenta, en estos momentos, privatizar la seguridad pública. Ya lo intentó hacer el gobierno Aznar del 1996 al 2004. En ese periodo, pese al terrorismo de ETA, bajó el número de policías y guardias civiles y aumentaron los miembros de la seguridad privada. 

El caso de la sanidad

Uno de los bocados más sabrosos era la sanidad. La razón es que la sanidad española llega a todos, es universal, por lo tanto tiene decenas de millones de clientes.

Las competencias de sanidad están transferidas a las CC.AA., lo que ha hecho que el tratamiento haya sido distinto en el lugar y en el tiempo.

Hospital de la Ribera en Alzira

La primera experiencia se hizo en la Comunidad Valenciana, lugar en el que desde hace muchos años está gobernando el PP. Siendo presidente de la Generalitat Valenciana en 1997, Eduardo Zaplana, pensó que la Sanidad era un buen negocio y planificó su privatización.

En Valencia se experimentó con el modelo Alzira. Se había convocado un concurso para El hospital de La Ribera, y sólo se presentó una Unión Temporal de Empresas (UTE), denominada Ribera Salud, compuesta por la aseguradora sanitaria ADESLAS, las constructoras DRAGADOS y LUBASA y las entidades bancarias Bancaixa y CAM, que construiría y gestionaría ese hospital que quedaría en propiedad pública. Su fin era demostrarnos a todos que la gestión privada mejora con mucho la pública. Empezó a funcionar en 1999. 

La planificación de la privatización se hizo de la siguiente forma. En la sanidad pública un paciente viene a costar una media anual de unos 600 €/paciente. La UTE se comprometió a cobrar anualmente sólo 204 €/habitante, pero no se hacía cargo de los gastos de farmacia, prótesis, transporte sanitario y oxigenoterapia. Como la población a la que atendería serían unos 230.000 habitantes, significa que la Generalitat cobraría cerca de cuarenta y siete millones de euros al año.

Así pactado, se empezó a desarrollar, perdiendo dinero desde el principio. En vista de ello la sanidad valenciana empezó a derivar pacientes de otros centros públicos a ese hospital, por ejemplo los partos con anestesia epidural. Pese a ello Ribera Salud perdió:

• en 1999 un millón
• en 2000 novecientos mil
• en 2001 cuatrocientos cincuenta mil
• y en 2002 dos millones seiscientos setenta mil euros.

Ribera Salud

Con ello,  Ribera Salud decidió abandonar el negocio. Comunicó la decisión a la Generalitat, la cual, favoreciendo a la empresa, anuló el contrato. Al hacerlo la Generalitat le pagó ochenta y siete millones de euros por lo que faltaba de pagar por la construcción y por lucro cesante (lucro cesante sería lo que se pensaba que ganaría y que no ganó).

La Generalitat volvió a convocar el concurso en 2003 y, (¡oh, casualidad!) sólo se presentó Ribera Salud. La razón es que era necesario, por las condiciones impuestas por la Generalitat, presentar un aval de setenta millones de euros. Lo que ahora se pagaba por año y habitante era 379 € en 2003 y en 2012 llega a 639 €, además se les cedía la propiedad del centro. Y así quedó, pero ahora ya ganaba dinero, pues las demás condiciones del anterior concurso se mantenían.

Posteriormente se extendió el modelo Alzira a Torrevieja, Vinalopó, Denia y Manises. También se implantó en Madrid, cuya presidenta era Esperanza Aguirre, en San Sebastián de los Reyes, Coslada, Arganda, Vallecas, Parla, Valdemoro y Aranjuez.

Nota: véase en La Sexta TV "Toni Martínez habla del modelo Alzira" y también “Privatizar la sanidad pública no sale más barato”.

La red pública de hospitales además de atender a los pacientes, tenía una implicación docente en su colaboración con las universidades y además hacía investigación, ambas cosas muy útiles para la sociedad y que cuestan dinero. El modelo Alzira invierte muy poquito dinero en ambas cosas, prácticamente lo que invertía era para salvaguardar su imagen.

Se redujeron las plantillas, con lo que se incrementaron las jornadas de trabajo del personal sanitario. Y a este personal se les redujo los salarios. Pero los patrones de este modelo, consideraron que a los pacientes eso no les importaría. Lo que vendían era que los pacientes estarían como en una clínica privada.

En conjunto, hoy día, se puede evaluar que en la sanidad pública cuesta por habitante 700 euros (200 son por la farmacia), mientras en la sanidad privada cuesta más de 600 euros, pero sin farmacia, prótesis, transporte sanitario y oxigenoterapia, que son pagados aparte por el ministerio de Sanidad. O sea, un auténtico fraude.

El control de la Generalitat de este modelo se puso en manos de un Comisionado, el primero de los cuales fue Manuel Marín Ferrer, que no controló gran cosa, pero, eso sí, en cuanto cesó en el cargo pasó a ocupar el cargo de gerente en Hospital Universitario La Ribera. Es uno de los casos de puerta giratoria entre la administración pública y la empresa privada. Creo que no se requieren muchas más explicaciones.

Parece que el modelo no funciona y hay muchas presiones para revertir el modelo Alzira, por no funcionar bien y por lo caro que resulta. El problema es que según la legalidad y los contratos de los concursos de los hospitales, habría que pagar una cantidad astronómica por lucro cesante.

Servicios públicos en los ayuntamientos. Agua.

Los ayuntamientos han sido las hermanas pobres del sistema que tenemos.

Para poder hacer frente a financiar la modernización y prestación de los servicios a sus vecinos, se utilizó sobre todo la recalificación de terrenos rústicos a edificables.

Pero el suelo llegó un momento que se acabó, por lo tanto en los ayuntamientos se recurrió al endeudamiento, con el consiguiente gasto en intereses. Lógicamente en ese endeudamiento había un límite y al llegar a él, como los ingresos -tanto de impuestos como las transferencias del estado- eran menores que los gastos y se seguían demandando servicios por parte de los vecinos, las entidades locales decidieron externalizar los servicios que prestaban. Esta externalización se produjo por una parte por necesidad, pero por otra por criterios ideológicos. 

Lo que se hace es sacar a concurso la externalización. La empresa que lo gana paga una cantidad al ayuntamiento y se compromete a prestar el servicio por un número determinado de años (10, 20, 30,...), al cabo de los cuales si ninguna de las partes denuncia el contrato, se prorroga. Durante ese tiempo el ayuntamiento paga a la empresa una cantidad anual por el servicio que presta.

Como he escrito más arriba, desde muchos partidos políticos se ha pensado favorecer a empresas privadas, en las que muchas veces tienen intereses allegados de políticos de partidos que gobiernan (amigos, parientes...)  o se piensa en el futuro de determinados afiliados. 

Así está ocurriendo en estos días en Alcázar de SanJuan, que se está intentando “vender” el servicio de aguas a la empresa Aqualia de la que FCC, empresa que se dedica a la construcción, tiene mayoría del capital. La razón que da el ayuntamiento para la venta es que, dada su deuda, necesita financiarse.

El caso del servicio del agua en un ayuntamiento

Voy a poner el ejemplo de un ayuntamiento que conozco: el de Santa Cruz de Tenerife.

En este ayuntamiento, desde hace ya bastantes años, la obtención, depuración, distribución y mantenimiento de la red de agua está privatizada. Todas estas funciones las lleva la empresa EMMASA. En esta empresa tiene mayoría de capital Sacyr Vallehermoso, holding dedicado también a la construcción.

En el contrato está estipulado que el ayuntamiento paga una cantidad anual a EMMASA. Con esta cantidad la empresa cubre los gastos del servicio y obtiene un beneficio. Pero además en el contrato está recogido que si los gastos originados por los servicios prestados por la empresa suben -mucho o poco-, el ayuntamiento pagará a EMMASA esa subida.

¿Qué hizo EMMASA? Primero despedir al personal que tenía contratado el ayuntamiento para estas funciones. A continuación subcontrató todas las funciones. Para ello constituyó empresas filiales distintas para la obtención, la depuración, la distribución y el mantenimiento. Por ejemplo, una de ellas es Santacrucera de Aguas. Había otras. El truco era que estas empresas filiales subían arbitrariamente el precio de las funciones que realizaban, con lo que a la empresa matriz le subían los gastos, y ésta se los pasaba directamente al ayuntamiento. O sea, que EMMASA ni gana mucho ni pierde en sus tratos con el ayuntamiento, pero sí gana bastante a través de lo que ganan sus empresas filiales.

Parece que, como he descrito aquí, así funciona toda la externalización (privatización) de los servicios públicos. Entre tanto, los partidos políticos siguen privatizándolos.

Para mí, la alternativa sería que, al menos, los servicios públicos esenciales estuvieran prestados por empresas públicas. Es decir: agua, energía, sanidad, educación, atención a la dependencia y algunas otras.

Además la empresa privada lo primero que hace es intentar empeorar las condiciones de trabajo de los empleados, mientras que en las empresas públicas las condiciones de trabajo pueden ser más justas.

Lo que hay que hacer son empresas públicas que rindan, que no sean una sinecura para los que allí trabajan.

Un servicio público prestado por una empresa pública tiene unos gastos destinados a cubrir el servicio. Un servicio público prestado por una empresa privada tiene unos gastos destinados a dos cosas, a cubrir los destinados a prestar el servicio y a tener una ganancia que vaya a las arcas de la empresa. Por lo tanto si el servicio lo presta una entidad pública, tiene que ser más barato que si lo hace una entidad privada.

Eso sí, hay que optimizar el trabajo en la empresa pública, lo que se puede hacer utilizando métodos imparciales y más justos y legales que en la empresa privada.

Fuentes:

• Andrés Boix: "El timo del modelo Alzira", El País, 2-5-11
• ToniMartínez: "El modelo Alzira facturó a la Generalitat Valenciana 279 millones por atender a pacientes de otros centros", La Marea, 6-5-13
• Vicente Useros: "Revertir el 'modelo Alzira' cuesta 480 millones y 13.200 empleos", El Mundo, 26-3-14
• Wikipedia: "Hospital de La Ribera"

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