Siendo el TTIP un tema
paneuropeo, JungeWelt, Morning Star, Arbejderen y Zeitung vom Lëtzebuerger
Vollek presentan con este suplemento su segundo proyecto en común.
El pasado 25 de marzo, la
organización de consumidores Foodwatch emitió un comunicado de prensa diciendo
que la VDA, la asociación alemana de la industria automovilística, había “retirado
declaraciones falsas y/o erróneas acerca del
proyectado Tratado TTIP entre la UE y los EEUU”. Anteriormente la
Foodwatch había publicado una carta abierta. Y la VDA, una de las más potentes
asociaciones industriales en Alemania, se veía obligada a corregir ciertos
datos que había publicado en su portal jazuttip.de; teniendo que eliminar además
el discurso de su actual presidente, el ex ministro federal de transportes
Matthias Wissmann, por haber exagerado con mucho las ventajas económicas del
TTIP. […]
Por el mismo motivo
tuvieron que retirar y/o corregir sus respectivas declaraciones la BDI, la Asociación
de Empresarios Alemanes, y la INSM, la Iniciativa Nueva Economía Social de
Mercado.
Las ya evidentes mentiras de
los lobbys organizados en torno al TTIP suelen venir acompañadas por periódicos
ataques que los medios afines
al capital lanzan a los críticos del Tratado que cabe resumir en su sentencia que “los adversarios del
TTIP son una minoría pequeña pero bulliciosa”.
A los pocos días, los
servicios científicos del Bundestag comunicaron que los comités municipales electos
no tenían autorización ni para debatir el Tratado; que su mera consulta ya
se consideraba improcedente.
Los que habían arrancado
la Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP, cifraron las firmas reunidas
desde octubre de 2014 en casi 1,6 millones, con lo cual ya se habría alcanzado el quórum en 12 estados miembros; para que una iniciativa ciudadana se reconozca y valide como tal, se debe contar con un millón de firmas y haber alcanzado el
quórum necesario en siete estados. De este modo ya queda desacreditada otra de las
leyendas que sostiene que la resistencia al TTIP es un fenómeno meramente alemán; para
citar la explicación que da nuestro ministro de economía Sigmar Gabriel (SPD), porque
los ciudadanos alemanes somos “ricos y histéricos”.
TTIP deja bien clara la
enorme brecha que existe entre las mentirosas fantasías de los políticos
que nos gobiernan, sus medios vasallos, por un lado, y la realidad, por otro.
Urge ilustrar e informar.
El TTIP es un tema paneuropeo. Los responsables lo han silenciado durante años, manteniendo en secreto las
negociaciones; y a pesar del carácter antidemocrático de procedimiento entero,
millones de ciudadanos europeos se percatan del peligro y entran a ponerse en
su contra. Ya les constan las experiencias en parte muy negativas de otros
tratados de libre comercio en el mundo.
El trabajo colectivo de
varios medios nos parece muy indicado para difundir informaciones e iniciar las
acciones pertinentes. Los pactos secretos como el TTIP con sus dictados e
imposiciones para reducir el sistema democrático, para redistribuir la
propiedad privada y pública a favor de la industria financiera y el capital
global, son los que en el periodismo izquierdista vienen a despertar el deseo
de combatirlos más allá de las fronteras nacionales.
Parece ser que ahora se
pretende imponer y perseguir los dogmas neoliberales, que vimos fracasar en la
crisis del 2007/2008, en el plano de las instituciones internacionales. Los
cuatro medios que cooperamos en este suplemento contamos entre los que nos
oponemos a ello.
3.- Fabio De Masi (economista y diputado del partido Die Linke en el Parlamento Europeo):
“La OTAN económica”
TTIP, TíSA, CETA: los
grandes grupos empresariales codician hacerse con los servicios sociales públicos. La
propaganda con estudios y datos poco fiables.
Nos vienen a prometer crecimiento y puestos de trabajo.
Pero los estudios muy poco serios que había encargado la UE no han resultado en
nada palpable. De haberse tratado realmente de crecimiento y puestos de
trabajo, Bruselas habría puesto punto final a los recortes impuestos a la gran
mayoría de la ciudadanía europea. De haberse tratado realmente de estabilizar
el comercio, tanto la UE como los EEUU se habrían ocupado de la especulación
monetaria. Entre 2010 y 2013, el cambio US$/Euro oscilaba entre 1,20 y 1,50, lo
cual a los exportadores europeos les suponía en ocasiones un encarecimiento de
sus productos en un drástico 25 %. En la actualidad el cambio US$/Euro se mueve
en torno al 1,10.
Pero como los recortes y la regulación del casino en torno
a los tipos de cambio habrían resultado contrarios a los intereses de los
mercados financieros y de los grandes grupos empresariales, la consigna de
éstos es el ataque. La UE y los EEUU buscan una nueva “OTAN económica” (Hillary
Clinton) a escala global. Todas las leyes, afecten el medio ambiente, la
sanidad, el consumo o los derechos laborales; así como la propiedad pública,
han de ceder ante los beneficios de las grandes empresas. En términos
geopolíticos, es cuestión de determinar quién/es irán a fijar las reglas del
comercio, por lo que las economías emergentes se habrían de someter a este
régimen a medio plazo.
Según informaciones recientes, el Tratado norteamericano
de Libre Comercio NAFTA, entrado en vigor en 1994, ya habría destruido cerca de 1 millón de puestos de trabajo
solamente en EEUU. Este tipo de tratados pretenden abolir las “barreras comerciales no
arancelarias”; quiere decir que se derogarían todas las leyes y regulaciones que
pudieran poner coto a los beneficios empresariales. Mediante el reconocimiento
mutuo de las exigencias o normativas (estándares), tal y como se aplican al mercado
interior de la UE, se irían a imponer requisitos o variaciones cada vez menos
exigentes. Casi todo está en peligro. Pongamos como puntos conflictivos la
política europea en materia de prevención, que dispone que los productos
químicos no se aprueban hasta que no quede acreditada su inocuidad; las normas
laborales mínimas en virtud de lo dispuesto por la OIT, que los EEUU prefieren
ignorar; la práctica del fracking, la extracción de gas natural de yacimientos
por medios no convencionales, que puede llegar a contaminar las aguas
subterráneas; o el elevado capital propio (core capital) que se pretende exigir
a la banca extranjera establecida en EEUU. Hasta el nuevo salario mínimo alemán
parece de dudosa implementación, a la vista de la demanda que la multinacional
francesa Veolia ha interpuesto contra Egipto por la subida de su salario mínimo
nacional.
En el centro de los tratados encontramos unos consejos
de regulación y unos tribunales privados de arbitraje. Ante estas
instituciones, los grupos empresariales podrían ejercer acciones de
indemnización contra los estados por sus respectivos lucros cesantes. Cabe
pensar que un abogado de la industria petrolera, el día de mañana se convierta
en “árbitro neutral” en una controversia entre inversores y Estados, sin
posibilidad de recurso alguno. En estos momentos, el grupo energético Vattenfall
está demandando al Estado alemán para
que le indemnice 4.000 millones de euros en concepto de daños y perjuicios
causados por estar abandonando la energía nuclear.
Los consejos/comités de regulación son una especie de “Inspección
Legal Técnica” al servicios de las
empresas que han de revisar si la legislación resulta compatible con sus
pretensiones de beneficio, antes de que entre a debatirse en el parlamento.
Curiosamente, no resulta nada decisivo el texto de los tratados, sino lo que NO
figura en ellos, puesto que todo lo que no quede expresamente excluido, quedará
incluido y sujeto al tratado o tratados. Podemos considerar que los TTIP y similares serían “living
agreements”, esto es, tratados vivientes, que se irían extendiendo cuales carcinomas.
Mediante otro Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), la UE, los EEUU y otros 20
estados pretenden abaratar la prestación de los servicios públicos, abriéndolos
a la inversión privada. Una vez más la consigna sería: “todo lo que no resulte
explícitamente protegido, podrá liberalizarse”. Y el llamado “principio
nacional o doméstico” exigiría la igualdad de trato de todos los participantes
en el mercado. Las instituciones privadas de enseñanza, servicios y de
entretenimiento podrían participar en el caudal impositivo nacional por igual
cuantía como todas las instituciones públicas.
Los servicios públicos suponen un inmenso trozo del pastel
económico, a nivel europeo equivalen a una cuarta parte del PIB. Lógico que
muchos quisieran participar en este pastel. Conforme al TiSA, la privatización,
una vez que estuviera perfeccionada, ya no tendría marcha atrás, no importa
quién estuviera gobernando o qué decidiera el pueblo.
A diferencia de una mayoría de diputados electos al
Parlamento Europeo, unos 600 lobbistas del mundo económico tienen acceso a los
debates. Parece ser que la democracia es una barrera comercial. Pero aun así,
seguimos luchando para que todos los tratados tengan que pasar por los 28
parlamentos nacionales. No porque en las capitales nacionales la gente fuese
más noble que la del PE, sino porque esperamos poder ganar esta lucha si todos
los diputados nacionales desde Madrid a Berlín han de atenerse a los principios
democráticos. Pues, la democracia somos nosotros.
4.- John Hilary (director ejecutivo de la británica
organización benéfica “War on Want”) [lema: "la causa de la pobreza es política"]:
"Aumenta
la resistencia".
En toda Europa, los ciudadanos se oponen al TTIP, aunque
la Comisión Europea pretenda bloquear las iniciativas ciudadanas.
Lo primero que se pregunta la gente al oír hablar del TTIP
suele ser: ¿y esto qué es? Y a medida que se vayan enterando de la amenaza que
el TTIP supone para los puestos de trabajo, los derechos laborales, los
estándares del medio ambiente y los servicios públicos, surge la segunda
pregunta: ¿y cómo podemos pararlo? Reconocer que es nuestro deber el impedir el
TTIP antes de que se nos convierta en esclavos de la clase capitalista
transnacional, es, será la única reacción razonable.
El TTIP ha causado un movimiento de resistencia sin igual de millones de ciudadanos europeos, que se niegan todos ellos a quedarse con
los brazos cruzados viendo cómo se enajena nuestro futuro común a los grupos
transnacionales y a los mercaderes financieros. En este movimiento también han
entrado a participar activamente los sindicatos, no por último porque se estima
oficialmente que el TTIP va a causar la pérdida de al menos un millón de
puestos de trabajos en la UE y los EEUU. La Confederación sindical británica
TUC, en su congreso del pasado mes de septiembre, aceptó la propuesta de
oponerse públicamente al TTIP y muchos sindicatos singulares ya participan
activamente en la alianza “NoTTIP” que viene a coordinar la campaña en el RU.
También a nivel europeo contamos ya con una coordinación
fuerte. Soy uno de los siete ciudadanos europeos que en julio le avisamos a la
Comisión Europea que íbamos a impugnar con los instrumentos al alcance de la
Iniciativa de Ciudadanos Europeos (ICE) el TTIP y el CETA, ese otro acuerdo
de economía y comercio entre la UE y Canadá, que se viene negociando paralelamente
al TTIP. Consideramos que es la única vía para que el ciudadano de a pie, en el
marco institucional de la UE, asuma su responsabilidad democrática. Y para que
una empresa tal tenga éxito,
debemos reunir en el plazo de un año un millón de firmas de la solicitud y
alcanzar el quórum nacional en al menos 7 estados miembro.
Antes de haber iniciado nuestro propósito, la Comisión
Europea ya bloqueaba la iniciativa. Según informan los burócratas de Bruselas,
a los ciudadanos europeos no nos está permitido cuestionar un acuerdo comercial
en trámite de debate. Es por ello que ya hemos lanzado “nuestra propia
iniciativa de ciudadanos europeos” (pICE) que hasta finales de marzo ya pudo
ganar 1,6 millones de firmantes. En doce estados ya se alcanzaron los quórum
nacionales respectivos: Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, España,
Austria, Bélgica, Holanda, Finlandia, Suecia, Luxemburgo y Slovenia. En estos
momentos tenemos interpuesta ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas
una demanda contra la referida actitud de la Comisión Europea y confiamos en
salir ganadores.
Nuestro movimiento debe tratar de convertir la fuerza que
generan los numerosos activistas en poder político. Los políticos británicos ya
se vienen quejando de que la resistencia ciudadana al TTIP llega a ser abrumador,
al tiempo que el Gobierno instrumentaliza toda la mitología y propaganda que
tiene a su alcance para hacernos ver que no hay nada que temer. Debemos hacer
público en todas partes el daño que el TTIP va a causar, de modo que este
tratado alcance una candencia tal que ningún político se atreva a perseguirlo
más, y no me refiero solamente a determinados elementos que pueden amenazar
nuestro sistema público de salud.
Esto significa a nivel europeo, que debemos aumentar la
presión sobre nuestros diputados cara las primeras votaciones en el Parlamento
Europeo previstas para el mes de mayo. Esta fecha, si bien está lejos de las
votaciones finales previstas, y que se realizarán o bien a nivel europeo por medio de
nuestros diputados, o bien en los parlamentos nacionales de todos los estados
miembros de la UE, será un hito importante en nuestra iniciativa para poder
bloquear cualquier ratificación posterior.
En el Reino Unido habrá elecciones parlamentarias en mayo y los políticos ya tienen claro que muchos activistas harán
del TTIP su tema central. Ante todo debemos plantearles a los miembros del
Partido Laborista el por qué su partido viene a defender un acuerdo que tantísimos
de sus socios y simpatizantes condenan. Numerosos consejos municipales
pertenecientes al Partido Laborista, en esta cuestión se está oponiendo a su
partido mostrándose solidarios con muchos consejos municipales en otros países
europeos que ya se han declarado “zonas libres de TTIP”.
Si lo hacemos bien, iremos a triunfar sobre el TTIP.
Cuando el los años 90 del siglo pasado la UE intentaba imponer facultades
similares para en Gran Capital mediante el AMI, el Acuerdo Multilateral sobre
Inversiones, una campaña masiva logró impedirlo. Cuando en la década siguiente,
la UE pretendía perseguirlo por medio de la OMC, la Organización Mundial del
Comercio, pudimos vencer una vez más.
5.-
André Scheer (redactor del diario junge Welt):
"No se
admiten críticas"
La Comisión se opone a la “Iniciativa Ciudadana
Europea” contra el TTIP y el CETA. Pero la campaña sigue reuniendo firmas.
Según informan los organizadores de “Stop TTIP”, desde
octubre pasado a finales de marzo, la campaña ya ha reunido 1,6 millones de
firmas. Mediante esta “Iniciativa Ciudadana Europea autoorganizada o propia”, la confluencia de unas 400 organizaciones,
sindicatos y partidos de toda Europa, está respondiendo a la negativa de la
Comisión europea de admitir la iniciativa ciudadana regulada contra el TTIP.
Existe el instrumento de la ICE, la Iniciativa Ciudadana
Europea, desde que en 1999 entrara en vigor el Tratado de Lisboa. Con él puede entrar en el orden del día de la Comisión cualquier petición
que a lo largo de un año hubiera podido reunir en al menos una cuarta parte de los
estados miembro un total de un millón de firmas. De ser así, la Comisión debe
admitir el asunto a debate, no más, la ICE no surte más efecto político que éste.
Pero aun así, en Bruselas se está temiendo hasta la
mordedura tan desdentada de una ICE. En septiembre de 2014, la Comisión ya
había rechazado la iniciativa de “Stop TTIP” comunicando a los iniciadores que
“el propósito de su ICE se encontraba manifiestamente fuera del ámbito de
competencias para presentar una
propuesta de acto jurídico dentro de la Unión para los fines de aplicación de
los Tratados”; y que los respectivos mandatos de negociación no eran más que
actos preparatorios entre los órganos de la UE y, como tales, no impugnables;
y que la Comisión además no podía
presentar “ninguna propuesta de
ratificación negativa”, en el sentido de no concluir y firmar lo negociado
sobre el CETA y el TTIP. “Esto supone a la inversa que las
negociaciones internacionales de la Comisión, la ciudadanía tan sólo las puede
recibir alabándolas, pero nunca criticándolas”, lo expresa uno de los
portavoces críticos; que esta negativa forma parte de la estrategia de la Comisión
de mantener las negociaciones fuera del alcance de los ciudadanos y los parlamentos nacionales: “Se prefiere
escuchar antes a los lobbistas que a la ciudadanía”. La campaña tiene ya presentada una demanda ante Tribunal de
Justicia de la UE en Luxemburgo contra la negativa de Bruselas, pero no
pudiendo aguardar hasta 2016 cuando se espera se pronuncie este Tribunal, ha
lanzado su propia Iniciativa Ciudadana no oficial/autoorganizada.
Mientras tanto, los
dirigentes de la UE optan por el encubrimiento y la opacidad. Bien es
cierto que los parlamentarios europeos ya pueden ver y leer los pertinentes
documentos en una sala de lectura (Reading room) especialmente instalada, pero
no más que durante 2 horas y sin poder apuntar nada. Comenta Marina Albiol, la
parlamentaria de la izquierda española, en su Facebook en marzo: “No podré pisar la sala
llevando mi móvil, mi reloj, ni tan siquiera un bolígrafo”. Y además tiene
prohibido informar a sus electores
sobre lo que ha podido leer, so pena de una sanción administrativa por parte de
la UE e incluso de un procedimiento penal.
6.-
Kenneth Haar y Max Bank (Kenneth Haar trabaja para el “Corporate Europe
Observatory”; Max Bank, para el “Lobby Control”):
"La
regulación esposada".
Los documentos secretos nos evidencian cómo la legislación
futura de la UE y los EEUU vendrán dictadas por las empresas privadas.
Desde diciembre de 2013, las ONG, las organizaciones no gubernamentales,
los movimientos y los representantes políticos vienen a pronunciarse muy críticamente contra
la actitud de la Comisión Europea CE en materia de la “Cooperación Regulatoria”
en el Tratado de Libre Comercio TTIP. Critican que por parte de la Comisión se
está dando la bienvenida a la influencia del Gran Capital sobre la legislación
futura. Esto lo evidencia un documento de posición que se ha podido filtrar en
aquel entonces.
Y otro documento recién filtrado, nos muestra que la
Comisión se mantiene fiel a su rumbo y que hay nada que permita deducir que
piense tener en cuenta las objeciones ciudadanas. En otro documento de diciembre
2014, está avanzando un paso más cuando recomienda delimitar/restringir el margen
de influencia política de los municipios y las autoridades locales. Si bien es
cierto que esta idea se ha venido torpedeando y que posiblemente no vaya a
formar parte del futuro posicionamiento de la UE, nos viene a demostrar que la
referida “Colaboración Regulatoria”, aparte de resultar muy extensiva, puede
suponer un auténtico peligro para la democracia.
“La Colaboración Regulatoria” viene a describir un
procedimiento de adaptación de las posiciones jurídicas ya existentes en ambas
orillas del Atlántico. De este modo, se pretende garantizar que las mercancías
que se producen en un lado se puedan exportar sin especiales requisitos
suplementarios al otro lado. En la práctica ello puede que surta su efecto
sobre cualquiera de las reglas existentes, desde lo dispuesto en materia de
sanidad alimenticia hasta la seguridad de productos químicos. Se refiere además
que algunos de los aspectos más polémicos no se resolverán hasta que la confección
del TTIP esté terminada y el afán de control por parte de la ciudadanía se haya
reducido. De este modo, el Gran Capital, obtendría un amplio margen para incidir
en la legislación futura. Pero la Comisión no deja de alegar que lo que ella
propone bajo el término de Colaboración Regulatoria en el TTIP no es otra cosa
que un diálogo razonable, como cuando se trate, por ejemplo, de evitar la
duplicidad de iniciativas legislativas en ambas orillas.
Alega además que la capacidad de las respectivas autoridades
de control y vigilancia no se verá afectada a la hora de perseguir las metas de
interés público. También ha repetido ya en varias ocasiones que con sus
propuestas no pretende ofrecerles a los grupos empresariales trato especial
alguno.
Pero no obstante estas buenas palabras, la Comisión no
logró eliminar las preocupaciones ciudadanas. Siempre ha existido una brecha entre sus documentos
dirigidos al público y los verdaderos resultados obtenidos en las negociaciones
que pudimos recibir filtrados a posteriori. Y los últimos datos, filtrados en
diciembre 2014 y enero 2015, no sólo confirman cuán justificada resulta nuestra
crítica, sino además y en especial, que el verdadero alcance de las
negociaciones viene a superar con creces nuestros peores temores. Siendo además
el documento recién perforado de carácter jurídico y no solamente de
posicionamiento como el anterior, cabe temer pues que la posición de los
negociadores de la UE se ha venido consolidando.
Para los lobbistas del empresariado en ambas orillas la Colaboración Regulatoria ya es un asunto de corazón. Cabe mencionar en este aspecto la Confederación Europea de la
Industria y de Organizaciones Empresariales (UNICE o “Business Europe”) y la Cámara de Comercio norteamericana.
Hasta finales de 2012, ambos actores ya habían celebrado diversos encuentros
con la Comisión Europea pudiendo convencerla de un gran número de sus ideas.
Entienden que las discrepancias legales existentes habrá que eliminarlas a la
larga, entre las que figuran los estándares en materia alimenticia; química y/o
de procedimientos de producción y fabricación, por sólo nombrar unos
cuantos. De esta 'nivelación' se
ocuparían una serie de procedimientos
y unas “autoridades/órganos de regulación” en colaboración. De este modo
se pretende resolver y eludir el problema que pudiera plantearse al pactar a
corto plazo cualquier normativa o reconocimiento mutuo de requisitos o
estándares. Y si los portavoces durante las negociaciones no estuvieran capaces
de alcanzar un acuerdo entre los EEUU y la UE, entraría la “Colaboración Regulatoria” a crear un espacio
para los grupos empresariales y los órganos regulatorios quienes, una vez
perfeccionado el TTIP, alcanzarían los objetivos de su agrado, sin demasiado
control público.
Esa
“Colaboración Regulatoria” se desarrollaría en dos planos distintos, en
el plano sectorial específico, como por ejemplo a la hora de autorizar productos químicos; o de modo
horizontal, para con la normativa aplicable a todos los sectores por igual.
Como aprendemos por los dos documentos filtrados, las instituciones lobbistas
arriba mencionadas, ya se han venido moviendo ante todo en el plano horizontal.
Ya en 2012, ambos grupos presentaron a la Comisión una serie de propuestas que en su
conjunto, y siempre según su criterio, podrían facilitar
“la redacción conjunta de los proyectos de regulación”.
La Colaboración Regulatoria merece pues toda la atención
por parte de las ONG, los movimientos sociales, y no por último de los
legisladores en toda Europa que, precisamente por ella, irían a perder de facto
su capacidad de influencia jurídica. Como nos documentan los datos filtrados al público,
los negociadores están intentando modificar los procesos de toma de decisión en
beneficio del comercio y de los inversores, sin tener que respetar las
consecuencias sobre nuestras instituciones democráticas. Anhelan unos
procedimientos complejos que se adaptarían a los intereses empresariales.
Cuando la Comisión apunta en uno de sus boletines que hay que conservar “el derecho de operar regulaciones
conforme al interés público”, esta afirmación muy poco tiene que ver con los
contenidos reales del documento
filtrado. Y más aún: la Colaboración Regulatoria” en el marco del TTIP se
pretende llevarla hasta donde llegue a cuestionar lo legislado a nivel comunal y
regional.
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