El
propósito de esta entrada es aclarar los métodos utilizados por las
Administraciones Públicas para privatizar, y los métodos que
utilizan las empresas para prestar los servicios públicos
privatizados (ellos lo llaman externalizados) por los ayuntamientos, comunidades autónomas y el estado español.
Durante
la burbuja inmobiliaria, determinadas empresas de construcción, se
forraron construyendo pisos, chalets, urbanizaciones y obra pública. Cuando estalló, se dedicaron a la burbuja que les
quedaba, la de obra pública. Pero al agravarse la crisis se les
acabó esa salida.
Las
empresas más fuertes, previendo el problema, durante los años
anteriores se habían dedicado a abrirse al exterior. Así lo han hecho
Sacyr, ACS, Ferrovial, FCC y otras.
Pero
estas últimas empresas y otras más pequeñas han descubierto una
mina en la privatización de los servicios públicos. Para ello se
han puesto de acuerdo, sottovoce, con casi todos los partidos
políticos del país, tanto los de implantación estatal como autonómica: PP, CiU, PSOE,
CC, PNV, UPN y alguno más.
También,
en el plano específico de la sanidad ha habido empresas que se dedicaban al Seguro de Salud. Ahora hay algunas con bastante fuerza:
Sanitas, ASISA, ADESLAS, etc. Han
estado prestando atención médica privada a sus afiliados, muchos o
pocos, dependiendo de su fuerza y de la propaganda que hacían. Pero
han visto que todos sus afiliados eran sólo un pequeño porcentaje
de la población que tenía Sanidad Pública. Por ello buscaron la
manera de entrar en la colaboración con los Servicios Públicos de
Sanidad.
Fases
para establecer el sistema privado
El
truco era establecerlo por fases.
- Primero, había que repetir machaconamente que un servicio público era mucho más eficaz y económico si se prestaba por una empresa privada que si lo hacía una empresa pública, naturalmente sin demostrarlo. En eso la lideresa fue Esperanza Aguirre, que lleva diciéndolo durante lustros. Después se han agarrado a este argumento muchos políticos de los partidos mencionados. Se ha repetido miles de veces, supongo que agarrándose al dicho atribuido a J. Goebbels: “Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”. Y así se ha incorporado al subconsciente de la gente.
- Segundo, a continuación se empezaron a privatizar servicios públicos, pero no se llamaba así la operación, se disfrazó con una nueva palabra del diccionario de neologismos que se está instalando en nuestro sistema político: “externalizar”.
Se
empezó por los ayuntamientos y poco a poco fue teniendo éxito su
expansión. A continuación empezó a extenderse en las Comunidades
Autónomas (CC.AA.) y en la administración central.
Así
se han privatizado, en primer lugar, muchos de los servicios que
prestan las entidades locales: distribución del agua, limpieza de
las calles, recogida de las basuras, transporte escolar y muchos más.
En las
comunidades autónomas se está intentando privatizar la sanidad, la
enseñanza y los servicios de atención a la dependencia.
Y en
el estado central, parece que se intenta, en estos momentos,
privatizar la seguridad pública. Ya lo intentó hacer el gobierno
Aznar del 1996 al 2004. En ese periodo, pese al terrorismo de ETA,
bajó el número de policías y guardias civiles y aumentaron los
miembros de la seguridad privada.
El caso
de la sanidad
Uno de
los bocados más sabrosos era la sanidad. La razón es que la sanidad
española llega a todos, es universal, por lo tanto tiene decenas de
millones de clientes.
Las
competencias de sanidad están transferidas a las CC.AA., lo que ha
hecho que el tratamiento haya sido distinto en el lugar y en el
tiempo.
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| Hospital de la Ribera en Alzira |
La
primera experiencia se hizo en la Comunidad Valenciana, lugar en el
que desde hace muchos años está gobernando el PP. Siendo presidente de la Generalitat Valenciana en 1997, Eduardo Zaplana,
pensó que la Sanidad era un buen negocio y planificó su
privatización.
En Valencia se
experimentó con el modelo Alzira.
Se había convocado un concurso para El
hospital de La Ribera, y
sólo se presentó
una Unión
Temporal de Empresas (UTE), denominada Ribera
Salud,
compuesta por la aseguradora sanitaria ADESLAS, las constructoras
DRAGADOS y LUBASA y las entidades bancarias Bancaixa y CAM, que
construiría
y gestionaría ese
hospital
que
quedaría en propiedad pública.
Su
fin era
demostrarnos a todos que la gestión privada mejora con mucho la
pública. Empezó
a funcionar en 1999.
La
planificación de la privatización se hizo de la siguiente forma. En
la sanidad pública un paciente viene a costar una media anual de
unos 600 €/paciente. La UTE se comprometió a cobrar anualmente
sólo 204 €/habitante, pero no se hacía cargo de los gastos de
farmacia, prótesis, transporte sanitario y oxigenoterapia. Como la
población a la que atendería serían unos 230.000 habitantes,
significa que la Generalitat cobraría cerca de cuarenta y siete
millones de euros al año.
Así
pactado, se empezó a desarrollar, perdiendo dinero desde el
principio. En vista de ello la sanidad valenciana empezó a derivar
pacientes de otros centros públicos a ese hospital,
por
ejemplo los partos con anestesia epidural. Pese a ello
Ribera Salud perdió:
- en 1999 un millón
- en 2000 novecientos mil
- en 2001 cuatrocientos cincuenta mil
- y en 2002 dos millones seiscientos setenta mil euros.
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| Ribera Salud |
Con
ello, Ribera Salud decidió abandonar el negocio. Comunicó la decisión a
la Generalitat, la cual, favoreciendo a la empresa, anuló el
contrato. Al hacerlo la Generalitat le pagó ochenta y siete millones
de euros por lo que faltaba de pagar por la construcción y por lucro
cesante (lucro cesante sería lo que se pensaba que ganaría y que no
ganó).
La
Generalitat volvió a convocar el concurso en
2003 y,
(¡oh, casualidad!) sólo se presentó Ribera Salud. La
razón es que era
necesario, por las condiciones impuestas
por la Generalitat,
presentar un aval de setenta millones de euros. Lo que ahora se
pagaba por año y habitante era 379 € en
2003 y en 2012 llega a 639 €, además
se
les cedía la propiedad del centro.
Y así quedó, pero ahora ya ganaba dinero, pues las demás
condiciones del anterior concurso se mantenían.
Posteriormente
se extendió el
modelo Alzira a
Torrevieja, Vinalopó, Denia
y Manises.
También
se implantó
en
Madrid, cuya presidenta era Esperanza Aguirre, en San Sebastián de
los Reyes, Coslada, Arganda, Vallecas, Parla, Valdemoro y Aranjuez.
Nota: véase en La Sexta TV "Toni Martínez habla del modelo Alzira" y también “Privatizar la sanidad pública no sale más barato”.
La
red pública de hospitales además de atender a los pacientes, tenía
una implicación docente en su colaboración con las universidades y
además hacía investigación, ambas cosas muy útiles para la
sociedad y que cuestan dinero. El modelo Alzira invierte muy poquito
dinero en ambas cosas, prácticamente lo que invertía era para
salvaguardar su imagen.
Se
redujeron las plantillas, con lo que se incrementaron las jornadas de
trabajo del personal sanitario. Y a este personal se les redujo los
salarios. Pero los patrones de este modelo, consideraron que a los
pacientes eso no les importaría. Lo que vendían era que los
pacientes estarían como en una clínica privada.
En
conjunto, hoy día, se puede evaluar que en la sanidad pública
cuesta por habitante 700 euros (200 son por la farmacia), mientras en
la sanidad privada cuesta más de 600 euros, pero sin farmacia,
prótesis, transporte sanitario y oxigenoterapia, que son pagados
aparte por el ministerio de Sanidad. O sea, un auténtico fraude.
El
control de la Generalitat de este modelo se puso en manos de un
Comisionado, el primero de los cuales fue Manuel
Marín Ferrer,
que no controló gran cosa, pero, eso sí, en cuanto cesó en el
cargo pasó a ocupar
el cargo de
gerente
en Hospital Universitario La Ribera.
Es uno de los casos de puerta giratoria entre la administración
pública y la empresa privada. Creo que no se requieren muchas
más
explicaciones.
Parece
que el modelo no funciona y hay muchas presiones para revertir el
modelo Alzira, por no funcionar bien y por lo caro que resulta. El
problema es que según la legalidad y los contratos de los concursos
de los hospitales, habría que pagar una cantidad astronómica por
lucro cesante.
Servicios
públicos en los ayuntamientos. Agua.
Los
ayuntamientos han sido las hermanas pobres del sistema que tenemos.
Para
poder hacer frente a financiar la modernización y prestación de los
servicios a sus vecinos, se utilizó
sobre todo la
recalificación de terrenos rústicos a edificables.
Pero
el
suelo llegó
un momento que se
acabó,
por lo tanto en los ayuntamientos se recurrió al endeudamiento, con
el consiguiente gasto en intereses.
Lógicamente
en ese endeudamiento había un límite y al llegar a él,
como los ingresos -tanto de impuestos como las transferencias del
estado- eran menores que los gastos y se seguían demandando
servicios por parte de los vecinos, las entidades locales decidieron
externalizar los
servicios que prestaban. Esta externalización se produjo por una parte por necesidad, pero por otra por
criterios ideológicos.
Lo
que se hace es sacar a concurso la externalización. La empresa que
lo gana paga una cantidad al ayuntamiento y se compromete a prestar
el servicio por un número determinado de años (10, 20, 30,...), al
cabo de los cuales si ninguna de las partes denuncia el contrato, se
prorroga. Durante
ese tiempo el ayuntamiento paga a la empresa una cantidad anual por
el servicio que presta.
Como
he escrito más arriba, desde
muchos partidos políticos se ha pensado favorecer a empresas
privadas, en las que muchas veces tienen intereses allegados de políticos de partidos que gobiernan (amigos, parientes...) o se piensa en el futuro de determinados
afiliados.
Así
está ocurriendo en estos días en Alcázar de SanJuan, que se está
intentando “vender” el servicio de aguas a la empresa Aqualia de
la
que
FCC, empresa
que se dedica a la construcción, tiene
mayoría del capital.
La
razón que da el
ayuntamiento para
la venta es que, dada su deuda, necesita financiarse.
El
caso del servicio del agua en un ayuntamiento
Voy
a poner el
ejemplo de
un ayuntamiento que conozco: el
de Santa Cruz de Tenerife.
En
este ayuntamiento, desde
hace ya bastantes años, la obtención, depuración, distribución y
mantenimiento de la red de agua está privatizada. Todas estas
funciones las lleva la
empresa EMMASA.
En
esta empresa tiene mayoría de capital Sacyr Vallehermoso, holding dedicado también a la construcción.
En
el contrato está estipulado que el ayuntamiento paga una cantidad
anual a EMMASA. Con esta cantidad la empresa cubre los gastos del
servicio y obtiene un beneficio. Pero además en el contrato
está recogido que si los gastos originados por los servicios prestados por la empresa suben -mucho o poco-, el ayuntamiento pagará a
EMMASA esa subida.
¿Qué
hizo EMMASA? Primero despedir al personal que tenía contratado el
ayuntamiento para estas funciones. A continuación subcontrató todas
las funciones. Para ello constituyó empresas filiales distintas para
la obtención, la depuración, la distribución y el
mantenimiento. Por ejemplo, una de ellas es Santacrucera de Aguas.
Había otras. El truco era que estas empresas filiales subían
arbitrariamente el precio de las funciones que realizaban, con lo que a
la empresa matriz le subían los gastos, y ésta se los pasaba
directamente al ayuntamiento. O sea, que EMMASA ni gana mucho ni
pierde en sus tratos con el ayuntamiento, pero sí gana bastante a través de lo que ganan sus empresas filiales.
Parece
que, como he descrito aquí, así funciona toda la externalización
(privatización) de los servicios públicos. Entre tanto, los partidos políticos siguen privatizándolos.
Para
mí, la alternativa sería que, al menos, los servicios públicos
esenciales estuvieran prestados por empresas públicas. Es decir: agua,
energía, sanidad, educación, atención a la dependencia y algunas
otras.
Además
la empresa privada lo primero que hace es intentar empeorar las
condiciones de trabajo de los empleados, mientras que en las empresas
públicas las condiciones de trabajo pueden ser más justas.
Lo
que hay que hacer son empresas públicas que rindan, que no sean una
sinecura para los que allí trabajan.
Un
servicio público prestado por una empresa pública tiene unos gastos
destinados a cubrir el servicio. Un servicio público prestado por
una empresa privada tiene unos gastos destinados a dos cosas, a
cubrir los destinados a prestar el servicio y a tener una ganancia
que vaya a las arcas de la empresa. Por lo tanto si el servicio lo
presta una entidad pública, tiene que ser más barato que si lo hace
una entidad privada.
Eso
sí, hay que optimizar el trabajo en la empresa pública, lo que se
puede hacer utilizando métodos imparciales y más justos y legales
que en la empresa privada.
Fuentes:
- Andrés Boix: "El timo del modelo Alzira", El País, 2-5-11
- ToniMartínez: "El modelo Alzira facturó a la Generalitat Valenciana 279 millones por atender a pacientes de otros centros", La Marea, 6-5-13
- Vicente Useros: "Revertir el 'modelo Alzira' cuesta 480 millones y 13.200 empleos", El Mundo, 26-3-14
- Wikipedia: "Hospital de La Ribera"
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