La sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la Doctrina Parot.

Representación de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789.

La ley no debe imponer otras penas que aquéllas que son estrictamente y evidentemente necesarias; y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, art. VIII.

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 11.2. de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Idem: Artículo 7.1. del Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 1950.

                         

Lo primero que hay que decir es que no se puede poner un persona no víctima en la piel de una víctima. No se puede sentir lo mismo.

Por otra parte el no ser víctima puede hacer que, quien opina sea más ecuánime, porque no se tiene ni daño ni beneficio por esta sentencia.

Por lo tanto voy a exponer lo que yo he visto y pensado desde el máximo respeto a las personas que han sido víctimas de algún tipo de terrorismo o de otro tipo de delitos graves.

La Doctrina Parot

Hay varios aspectos en la derogación por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Por una parte, según la sentencia, lo que se ha producido es aplicar una ley de forma retroactiva. La gente que ha sido juzgada en virtud de un Código Penal, se le han aplicado medidas no recogidas allí.

El Código Penal era de 1973, o sea de la época de Franco. Este Código Penal estaba concebido para la rehabilitación, reinserción y la redención de pena por trabajos. En él se podía redimir un día por cada dos de trabajo. Además se limitaba una duración máxima la privación de libertad de treinta años.

Hasta 1995 no se cambió por lo que se llamó el Código Penal de la Democracia. O sea diecisiete años después de ser aprobada la Constitución Española.

En la Constitución Española el artículo 25.2 dice:

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

Voy a partir de una cosa que dice. La cárcel además de ser un castigo tiene un fin la reeducación y la reinserción de los delincuentes en la sociedad.

Muchos de los terroristas de ETA fueron juzgados por el Código de 1973. O sea estaban en plenitud de derechos de redención de penas por el trabajo y de reducción de la privación de libertad por el trabajo.

En el transcurso de los años desde las condenas, tanto PSOE y AP que ahora es el PP, se dieron cuenta que al cabo de unos 20 años, estos terroristas de ETA saldrían de la cárcel. La cosa no fue urgente hasta principio de la década pasada.

En 1995 se hizo, como queda dicho arriba, un nuevo Código Penal que, evidentemente, no se podía aplicar a los casos ya juzgados. Desde entonces han gobernado tanto el PP como el PSOE y no encontraron medio legal de impedir las puestas en libertad de estos condenados. Pero por otra parte no se atrevían que se les pusiera en libertad durante sus respectivos turnos de gobierno.

En 2006, cuando ya se aproximaba el tiempo de puestas de libertad, el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo para que el Tribunal Supremo, donde ambos suman mayoría de miembros propuestos por ellos, introdujese la Doctrina Parot. Según ello, los beneficios penitenciarios pasaron a aplicarse sobre el total de las penas impuestas y no sobre el cumplimiento efectivo de las mismas, que nunca podían exceder de los 30 años.

Esta modificación fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, donde la mayoría de los miembros vienen propuestos  por el PP y el PSOE; como es normal por su composición, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso.

Esta forma de entender el cumplimiento de la pena va contra los Derechos Humanos. No se puede endurecer una pena de cárcel a posteriori y, cuando estos presos cometieron sus horribles crímenes, el Código Penal español era el que era. Lo máximo que se podía estar en la cárcel eran 30 años y sobre ese plazo se aplicaban los beneficios penitenciarios.

Tanto el PP como el PSOE sabían que la Doctrina Parot el Tribunal de Estrasburgo se la iba a echar abajo. Por lo que creo que han respirado, se les ha quitado una carga de encima. Un tribunal exterior superior exterior les obliga a poner en libertad a estos condenados. No importa lo que digan ahora de cara a la galería.

Los agitadores

Hay muchas críticas realizadas por agitadores profesionales. Unos echan la culpa al anterior gobierno del PSOE porque nombró un juez, Luis López Guerra, para ser magistrado de ese tribunal. Ese argumento carece de valor, porque los tres considerandos de la sentencia han sido votados favorablemente por los 17 jueces con los siguientes resultados,17-0, 16-1 y 15-2. También acusan al PP, estos agitadores, el no haber sustituido a ese juez por otro más favorable a las tesis de los defensores de la Doctrina Parot. Creo que si el PP no lo cambió fue porque sabía que iba a servir para nada y no le valía la pena nombrar uno nuevo.

Además hay otro argumento contra esa acusación. Luis López Guerra fue nombrado en 2007, o sea hace seis años. Esos agitadores tan críticos consideran que Rodríguez Zapatero era casi un adivino, pues sabía que en 2013 se iba a debatir y dictar esta sentencia.

Un argumento que se puede usar contra las críticas que se están haciendo contra el Tribunal de Derechos Humanos, del que se dice que es político, que es ilegal y muchas cosas más, es que avaló la Ley de Partidos Española. Entonces todos esos que critican al Tribunal, dijeron que era ponderado y justo. O sea que cuando la sentencia les ha servido, cuando ha dictaminado de acuerdo con sus ideas,  era un órgano justo y cuando ahora es contrario a lo que ellos consideran, es un órgano que no sirve.

Cuando Aznar habló de "conversar" con el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, cuando Aznar acercó presos de ETA al Pais Vasco, cuando Aznar liberó a presos, por ejemplo Iñaki Bilbao que volvió a atentar, ninguno de estos agitadores protestó.

Otra cosa que han dicho estos agitadores e incluso Rosa Díez, es que no se cumpla esta sentencia por parte del estado español. El estado español refrendó la pertenencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que está obligado a cumplir sus dictámenes.

Un argumento empleado contra estas puestas en libertad, además de que no hayan pedido perdón, es que no han pagado suficientemente con sus condenas. No hay precio que pueda pagar la muerte de una persona, ni diez, ni veinte, ni cuarenta años, ni cadena perpetua. Lo único con que pagar una muerte es con otra muerte, y eso no se llama justicia, sino venganza. Que por otra parte en los países donde está instalada la pena de muerte para determinados delitos, no se ha demostrado que, en esos países, disminuyan esos delitos así penados.

Han aparecido varias víctimas comentando la sentencia. Unos, como es lógico, se sienten dolidos por ver que van a poner en libertad a quienes atentaron contra ellos o contra algún allegado. Otros más racionales han declarado que lo mejor es convivir y, eso sí es importante, exigir que los terroristas reconozcan que han hecho mucho daño. He oído en la televisión a Gorka Landáburu diciendo que no quiere que le pidan perdón, porque él no les va a perdonar, pero sí que los terroristas reconozcan el daño que han hecho.

Las víctimas

Oí también en televisión a un hombre, víctima del atentado de Hipercor, que estaba en una organización de este tipo. Y por opinar que la organización lo que debería ocuparse es de organizar las ayudas económicas, psíquicas y físicas a los afectados, fue expulsado de ella.

Varias de estas organizaciones se han dedicado más a actuaciones políticas que a otras cosas. La AVT por ejemplo, desde su primer presidente quedó marcada en ese sentido. Y todavía siguen en el mismo modo.

Además el PP y UPyD han utilizado algunas asociaciones de víctimas para atacar al PSOE y a los nacionalistas vascos, e incluso a los catalanes. Lo que ocurre es que en este caso han sembrado vientos y puede que recojan tempestades.

De todas formas, vuelvo a repetir, es muy difícil ponerse en el lugar de una víctima del terrorismo. Yo no sé cómo reaccionaria si lo fuera.

Lo que para mí está claro, es que una víctima de un delito nunca debe juzgar al delincuente, porque sería juez y parte. Y en democracia las sentencias deben ser justas e independientes.